Contaminación de los ríos en el Norte de Esmeraldas

Los moradores de las comunidades de Las Antonias en el cantón Eloy Alfaro acudieron a la  Defensoría del Pueblo de Esmeraldas para buscar protección, manifestando que se habían visto afectados en su salud debido a la contaminación del río Santiago y sus afluentes. La calamidad habría sido causada por la explotación minera (oro).

Ya los resultados obtenidos del análisis microbiológico de unas muestras de aguas habían determinado que tales aguas no estaban aptas para el consumo humano y el consumo doméstico.

Meses más tarde, ante la persistencia de la situación, otras comunidades han empezado a tomar conciencia del gravísimo daño ecológico causado por la extracción minera de oro, realizada de manera industrial.

El 28 de noviembre del 2010, los moradores de la Comunidad de San Agustín, parroquia Maldonado-cantón Eloy Alfaro, acudieron a la Defensoría del Pueblo de Esmeraldas, manifestando que no contaban con agua potable. Desde hace aproximadamente tres años el Estero María se venía contaminando con los residuos de metales pesados, producto del trabajo que realizan las empresas mineras para el proceso de extracción de oro. Las consecuencias más evidentes han sido enfermedades en la salud de las mujeres e hijos, quienes presentaban manchas en el cuerpo y enfermedades en las partes íntimas.

Los moradores de la Comunidad de San Agustín se basaban en un informe de Senagua, que señala entre sus conclusiones que “el Estero María, los Ríos Bogotá y Tululbí están contaminados por la presencia de metales pesados tales como aluminio, arsénico, hierro […] el Río Santiago está contaminado por arsénico […] todas las fuentes de agua analizadas no son aptas para el consumo humano ya que los valores de hierro, arsénico, aluminio, […] sobrepasan los límites máximos permisibles en la normativa ambiental”.

Un gran éxito en esta lucha para la defensa de varios derechos humanos básicos (salud, alimentación y medioambiente sano entre otros) se produjo el 24 de marzo de 2011, con el fallo del juzgado sexto de Esmeraldas. En las disposiciones finales se hizo un llamado fuerte a las autoridades responsables para que actúen según sus competencias (Ministerio de Recursos No Renovables, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Salud Pública y Gobiernos Municipales de los Cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro) y se dispuso determinadamente “la total y absoluta paralización de la actividad minera ilegal, que se ha venido dando en los Cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro”.

El pasado 21 de mayo de 2011, un operativo militar avalado por el juzgado 22° de garantías penales de Pichincha, destruyó 67 de las 113 retroexcavadoras ilegales oficialmente identificadas y operantes en la extracción minera, en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo. La acción de dinamitar las maquinarias de trabajo pareció exagerada a los ojos de muchos y causó cierto malestar en los trabajadores de las minas, quienes de la noche a la mañana se vieron privados de su única fuente de trabajo.

La reacción decidida de los mineros y los trabajadores de las minas que se manifestaron públicamente en contra del operativo militar, indujo el gobierno a establecer el estado de excepción en los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo hasta el 18 de julio de 2011.

El gobierno se hizo presente en la parroquia Selva Alegre del cantón Eloy Alfaro el pasado 23 de junio, ofreciendo un plan de desarrollo artesanal comunitario en un territorio de 18.000 hectáreas para la extracción del mineral. Además ofreció incorporar la población en el Plan Ecuador (programa Luis Vargas Torres) para la construcción de viviendas, escuelas y centros de salud.

Sin embargo, los principales líderes de la denuncia que provocó esta situación siguen siendo amenazados verbalmente y algunos son monitoreados en todos sus desplazamientos por individuos no identificados, tanto que se ha requerido la presencia de las fuerzas del orden para garantizarles la incolumidad.